Estado reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero – Asociación Civil Sinergia: "
Estado reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero
Posted on diciembre 6, 2016
(Prensa Provea) El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre los derechos humanos en el contexto Arco Minero del Orinoco, el Estado venezolano reconoció que ha realizado aún el estudio de impacto ambiental que ordena la Constitución.
La audiencia sobre el Arco Minero del Orinoco fue la última del grupo de 4 sesiones sobre Venezuela realizada el viernes 2 de diciembre en el Hotel Radisson Decápolis de Ciudad de Panamá. La misma fue solicitada por las ONG Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (GTAI-ULA) y Laboratorio de Paz. Los temas que trataron los peticionarios fueron: Violación por parte del Estado venezolano a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental; violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe; el Arco Minero del Orinoco (AMO) y la demarcación de territorios indígenas; el Decreto Arco Minero del Orinoco (AMO) y los derechos laborales; relación decreto estado de excepción y emergencia económica y Arco Minero del Orinoco (AMO); militarización de los territorios indígenas y recomendaciones.
Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y coordinador del GTAI-ULA, expresó: “En los últimos meses, el gobierno ha comenzado a realizar reuniones para informar a los pueblos indígenas sobre “los beneficios” que van a recibir con el proyecto del AMO. Una vez más, surge la demarcación como una herramienta de negociación. En reuniones con el alto gobierno algunos líderes han planteado que no habrá discusión sobre el Arco Minero hasta tanto sus territorios hayan sido demarcados y titulados”. Al describir el proceso de intervención estatal de las organizaciones indígenas, Aguilar afirmó: “Se ha realizado un proceso de cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades indígenas provocando una aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica indígena por sus territorios.
Por su parte Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, describió las violaciones a los derechos laborales, libre asociación y manifestación pacífica generados por el decreto que crea el Arco Minero del Orinoco (AMO). Además detalló como el decreto de estado de excepción y emergencia económica, en vigencia desde mayo de 2016, permite que las contrataciones para el Arco Minero no deban ser autorizadas por la Asamblea Nacional. Al aludir la militarización de los territorios indígenas, Uzcátegui sostuvo: “El artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, establece que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”. Finalmente el activista relató los casos de criminalización estatal a quienes han cuestionado el proyecto AMO.
En su intervención, los representantes del Estado venezolano, liderizados por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, describieron las motivaciones económicas y sociales que los impulsaba a desarrollar este proyecto de extractivismo. Asimismo afirmaron que en un futuro, cuando estuviera listo, se realizaría la difusión de los estudios d impacto ambiental.
En su intervención final Provea recordó que uno de los componentes de la Consulta Previa era ser informada. Por ello, al no tener los estudios de impacto ambiental como lo ordena la Constitución, es imposible que el Estado promueva ninguna consulta con las comunidades.
Los comisionados de la CIDH rechazaron la criminalización de defensores de derechos humanos que han advertido las contradicciones del AMO. Afirmaron que continuarían monitoreando el proyecto, por ser uno de los temas de interes para la Comisión.
Para observar el video completo de la audiencia CIDH sobre Arco Minero: https://www.youtube.com/watch?v=_9dt2rjLsCM&t=11s
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96% de la remodelación del teleférico de Mérida se realizó sin permisos ambientales
El 16 de abril de 2015, la presidencia de Inparques emitió la Providencia Administrativa Aprobatoria N. 66/15, la cual otorgó, “en combo”, los siguientes permisos: la Autorización para la Ocupación del Territorio y la Afectación de Recursos Naturales para la remodelación del teleférico Mukumbarí
Dos aspectos vician este doble permiso: que los mismos deben obtenerse de manera separada y que la obra tenía cuatro años de adelanto para esa fecha. Se trata, en la práctica, de un acto administrativo a posteriori para remediar una violación a la Constitución y a las leyes ambientales
Documentos recientes intercambiados entre Inparques y Venezolana de Teleférico demuestran que las violaciones a las leyes ambientales siguen caracterizando el desarrollo de la remodelación del teleférico de Mérida. El informe 2015 de Provea constata que lo que ocurre en Mukumbarí se repite en el teleférico de Macuto
Por Gitanjali Wolfermann @GitiW
Leer más 96% de la remodelación del teleférico de Mérida se realizó sin permisos ambientales:
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Dos aspectos vician este doble permiso: que los mismos deben obtenerse de manera separada y que la obra tenía cuatro años de adelanto para esa fecha. Se trata, en la práctica, de un acto administrativo a posteriori para remediar una violación a la Constitución y a las leyes ambientales
Documentos recientes intercambiados entre Inparques y Venezolana de Teleférico demuestran que las violaciones a las leyes ambientales siguen caracterizando el desarrollo de la remodelación del teleférico de Mérida. El informe 2015 de Provea constata que lo que ocurre en Mukumbarí se repite en el teleférico de Macuto
Por Gitanjali Wolfermann @GitiW
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Boletín de negociaciones de Marrakech #3 | Conferencia climática de Marrakech promete intensificar una dinámica “irreversible” | International Centre for Trade and Sustainable Development
La conferencia anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) finalizó el viernes 18 de noviembre en Marrakech, Marruecos, tras dos semanas de conversaciones que buscaron poner en práctica el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Si bien durante la primera semana las conversaciones se centraron en cuestiones técnicas, la segunda semana de la vigésimo segunda Conferencia de las Partes (COP22) reunió a ministros y líderes de Gobiernos que participaron en una serie de reuniones de alto nivel a fin de tomar decisiones clave y consolidar el impulso político que dio lugar al acuerdo mundial.
“Este año hemos sido testigos de un impulso extraordinario en materia de cambio climático en todo el mundo y en muchos foros multilaterales. Este impulso es irreversible y ha sido motivado no solo por los Gobiernos, sino también por la ciencia, las empresas y las medidas mundiales de todo tipo y a todo nivel”, afirmaron los funcionarios en la Proclamación de Acción de Marrakech adoptada el viernes pasado.
Al final de la jornada en el centro de conferencias de Bab Ighli, 111 Partes habían ratificado el Acuerdo de París, cubriendo el 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica un incremento en comparación con las 97 partes que lo habían ratificado inmediatamente antes de que se iniciaran las negociaciones.
Leer más... http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/bolet%C3%ADn-de-negociaciones-de-marrakech-3-conferencia-clim%C3%A1tica-de-marrakech
Las ciudades son fundamentales para el Acuerdo de París - Actualidad Medio Ambiente
La COP 22, reunida en Marrakech, celebró el Día Mundial de la Acción Climática con discusiones sobre las ciudades y los asentamientos humanos
Las ciudades son fundamentales para el Acuerdo de París - Actualidad Medio Ambiente:
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La autopista sobre el río Valle, un nuevo cáncer urbano
La inundación de la autopista Valle – Coche y los alrededores de Los
Chaguaramos, a comienzos del mes de septiembre y con menos de un año de
haberse construido su ampliación, hizo evidente como se produce un
cáncer urbano, esto es, obras que generan el deterioro permanente de la
ciudad, que no tienen soluciones definitivas y que por lo tanto se
convierten en erogaciones permanentes del patrimonio público.
La ampliación de la autopista Valle – Coche es la expresión de los peligrosos niveles de descoordinación e indolencia en una ciudad en la que se construyen obras de infraestructura de primer orden como una autopista, sin que el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas haya exigido y evaluado un estudio de impacto ambiental para otorgar su acreditación técnica, sin tomar en cuenta las recomendaciones de expertos, quienes opinaron desde las universidades y gremios profesionales, entre ellos el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y la Sociedad de Ingeniería Hidráulica del CIV.
Muchas advertencias hicieron gremios y profesionales en transporte y vialidad cuando se ejecutaban los trabajos de ampliación en la autopista Valle-Coche. Las mismas fueron ignoradas por el gobierno y por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahora las consecuencias son más que obvias. El caos reina durante las lluvias debido a la inundación de la vía, esto ocurre porque el cauce del Río Valle fue invadido por la ampliación, lo que le resta capacidad al canal hidráulico que había funcionado sin problema desde su construcción en la llamada “IV República”. Para noviembre de 2015 el CIV, pidió la paralización inmediata de la ampliación de la autopista. Sus argumentos también fueron ignorados (Fuente: La patilla.com/08/09/2016). A los responsables se les debería abrir un expediente administrativo tal como lo establece nuestras normas ambientales vigentes y ser sancionados según su grado de responsabilidad.
El Dr. Jesús Delgado, coordinador del Plan Metropolitano de Reducción de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático comenta que esta es una obra de infraestructura en la que no se consultó con la comunidad afectada y, tal vez lo más irónico, fue hecha con la indolencia de destruir una costosa ciclovía construida apenas meses atrás por la Alcaldía del Municipio Libertador, de la misma tendencia política y generando un potencial daño a las estaciones del Metro construidas también durante el presente Gobierno, importante es también mencionar los cientos de árboles que fueron talados y el deterioro que sufrió el paisajismo de toda la zona.
La precipitación ocurrida el 7 de septiembre, según el profesor Valdemar Andrade de la Dirección de Hidrometeorología de la UCV, generó en la cercana UCV una lámina precipitada de 20,4 mm (valor considerado bajo) y en la Castellana de 35,6 mm (se considera fuerte por encima de los 30 mm). La mayor intensidad de esta tormenta fue de 27,2 mm/h en un lapso de media hora entre las 4:30 pm y las 5:00 pm. Cabe preguntarse ¿qué pasaría de repetirse la mayor lluvia histórica anual observada en la UCV que fue 108,8 mm el 16 de julio de 1965?
Por su parte, el Abogado Lucas Riestra, especialista en Derecho Ambiental, opina que los responsables de esta obra, incluyendo al Estado, no mostraron haber cumplido con la exigencia Constitucional de realizar previamente un Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural, por ser una actividad degradante del ambiente. Agregó que este deber que impone la Constitución, de no ser cumplido por cualquier persona, sea natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera termina por violentar el derecho a vivir en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
Subrayó el especialista, que además de las anteriores violaciones a la Constitución, tampoco se dio cumplimiento a las exigencias previstas en la Ley Orgánica del Ambiente (2006) y el decreto 1257, para la aprobación de este tipo de actividades, lo que incluye una evaluación ambiental de la actividad propuesta, sus beneficios económicos y la posibilidad de recuperar el daño ecológico que pueda producir, que son en sí mismos los objetivos de un Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural. De igual manera, quedó en evidencia que con esta obra se produjo la degradación del medio físico y biológico en el lecho del río, lo cual presupone una infracción a la Ley de Aguas, que implica una sanción a ser impuesta por las autoridades administrativas. Riestra enfatizó en la necesidad de asumir el Desarrollo Sostenible como guía de la acción del Estado y esto significa el respeto por el marco jurídico ambiental vigente.
La Mesa Ambiental Nacional hace un llamado a todos los gestores públicos a profundizar en una gestión integral y compartida, sustentada en elementos técnicos, bajo las premisas del Desarrollo Sustentable.
mesambientalnacional@gmail.com
La ampliación de la autopista Valle – Coche es la expresión de los peligrosos niveles de descoordinación e indolencia en una ciudad en la que se construyen obras de infraestructura de primer orden como una autopista, sin que el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas haya exigido y evaluado un estudio de impacto ambiental para otorgar su acreditación técnica, sin tomar en cuenta las recomendaciones de expertos, quienes opinaron desde las universidades y gremios profesionales, entre ellos el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y la Sociedad de Ingeniería Hidráulica del CIV.
Muchas advertencias hicieron gremios y profesionales en transporte y vialidad cuando se ejecutaban los trabajos de ampliación en la autopista Valle-Coche. Las mismas fueron ignoradas por el gobierno y por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahora las consecuencias son más que obvias. El caos reina durante las lluvias debido a la inundación de la vía, esto ocurre porque el cauce del Río Valle fue invadido por la ampliación, lo que le resta capacidad al canal hidráulico que había funcionado sin problema desde su construcción en la llamada “IV República”. Para noviembre de 2015 el CIV, pidió la paralización inmediata de la ampliación de la autopista. Sus argumentos también fueron ignorados (Fuente: La patilla.com/08/09/2016). A los responsables se les debería abrir un expediente administrativo tal como lo establece nuestras normas ambientales vigentes y ser sancionados según su grado de responsabilidad.
El Dr. Jesús Delgado, coordinador del Plan Metropolitano de Reducción de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático comenta que esta es una obra de infraestructura en la que no se consultó con la comunidad afectada y, tal vez lo más irónico, fue hecha con la indolencia de destruir una costosa ciclovía construida apenas meses atrás por la Alcaldía del Municipio Libertador, de la misma tendencia política y generando un potencial daño a las estaciones del Metro construidas también durante el presente Gobierno, importante es también mencionar los cientos de árboles que fueron talados y el deterioro que sufrió el paisajismo de toda la zona.
La precipitación ocurrida el 7 de septiembre, según el profesor Valdemar Andrade de la Dirección de Hidrometeorología de la UCV, generó en la cercana UCV una lámina precipitada de 20,4 mm (valor considerado bajo) y en la Castellana de 35,6 mm (se considera fuerte por encima de los 30 mm). La mayor intensidad de esta tormenta fue de 27,2 mm/h en un lapso de media hora entre las 4:30 pm y las 5:00 pm. Cabe preguntarse ¿qué pasaría de repetirse la mayor lluvia histórica anual observada en la UCV que fue 108,8 mm el 16 de julio de 1965?
Por su parte, el Abogado Lucas Riestra, especialista en Derecho Ambiental, opina que los responsables de esta obra, incluyendo al Estado, no mostraron haber cumplido con la exigencia Constitucional de realizar previamente un Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural, por ser una actividad degradante del ambiente. Agregó que este deber que impone la Constitución, de no ser cumplido por cualquier persona, sea natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera termina por violentar el derecho a vivir en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
Subrayó el especialista, que además de las anteriores violaciones a la Constitución, tampoco se dio cumplimiento a las exigencias previstas en la Ley Orgánica del Ambiente (2006) y el decreto 1257, para la aprobación de este tipo de actividades, lo que incluye una evaluación ambiental de la actividad propuesta, sus beneficios económicos y la posibilidad de recuperar el daño ecológico que pueda producir, que son en sí mismos los objetivos de un Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural. De igual manera, quedó en evidencia que con esta obra se produjo la degradación del medio físico y biológico en el lecho del río, lo cual presupone una infracción a la Ley de Aguas, que implica una sanción a ser impuesta por las autoridades administrativas. Riestra enfatizó en la necesidad de asumir el Desarrollo Sostenible como guía de la acción del Estado y esto significa el respeto por el marco jurídico ambiental vigente.
La Mesa Ambiental Nacional hace un llamado a todos los gestores públicos a profundizar en una gestión integral y compartida, sustentada en elementos técnicos, bajo las premisas del Desarrollo Sustentable.
mesambientalnacional@gmail.com
Proponen rescatar leyes para evitar estragos del Arco Minero
Está comprometida la mayor extensión de áreas protegidas | Foto Archivo El Nacional
La AN debe autorizar los contratos de interés nacional, por lo que las concesiones autorizadas por el Ejecutivo son ilegales
20 de septiembre 2016 - 12:01 am
Un grupo de ambientalistas, el
Colegio de Ingenieros de Venezuela e instituciones ecologistas proponen a
la Asamblea Nacional emprender reformas legales y actualizaciones para
impedir que la explotación de oro a través del Arco Minero ocasione
daños ambientales irreversibles.
La
Propuesta de Guayana plantea actualizar y discutir el Plan de Ordenación
del Territorio del estado Bolívar para armonizar las actividades
económicas; aprobar la reforma parcial del Decreto 2165 que reserva al
Estado las actividades de exploración y explotación de oro y, también
las auxiliares a estas normas que rescata la competencia de la AN para
la revisión y aprobación de contratos de interés público; elaborar una
política minera que incluya la creación de un ministerio específico para
esa área; reformar la ley de minas; circunscribir, formalizar y ordenar
la actividad minera en la reserva forestal Imataca.
El
ex senador y autor de las normas ambientales de la actual Constitución,
Alexander Luzardo, denunció que el Arco Minero ocupa una superficie de
111.843,70 kilómetros, más que el que ocupan países como Bulgaria, Cuba,
Islandia, Portugal y Panamá. La explotación de oro compromete la mayor
extensión de áreas protegidas de Venezuela y zonas boscosas de la
Amazonía. También la actividad en los yacimientos afectará los ríos
Paragua y Carona, lo que comprometería el funcionamiento del Guri y
además afectaría las únicas reservas de agua del país que no están
contaminadas.
Luzardo asegura que la
explotación es inviable también desde el punto de vista monetario porque
el oro en el país no representa un aporte económico sustentable.
“Venezuela no aparece entre los 20 productores de oro”, afirmó.
Recordó
que desde el 14 de junio hay un acuerdo contra el Arco Minero de
carácter vinculante, dado que los contratos de interés nacional deben
ser autorizados por la AN, pero el Ejecutivo lo ha ignorado. Luzardo
tilda la explotación de violación de los “derechos transgeneracionales” y
alerta que los contratos de estas empresas son “írritos”.
Fuente:
http://www.el-nacional.com/sociedad/Proponen-rescatar-estragos-Arco-Minero_0_924507813.html
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