Está comprometida la mayor extensión de áreas protegidas | Foto Archivo El Nacional
La AN debe autorizar los contratos de interés nacional, por lo que las concesiones autorizadas por el Ejecutivo son ilegales
20 de septiembre 2016 - 12:01 am
Un grupo de ambientalistas, el
Colegio de Ingenieros de Venezuela e instituciones ecologistas proponen a
la Asamblea Nacional emprender reformas legales y actualizaciones para
impedir que la explotación de oro a través del Arco Minero ocasione
daños ambientales irreversibles.
La
Propuesta de Guayana plantea actualizar y discutir el Plan de Ordenación
del Territorio del estado Bolívar para armonizar las actividades
económicas; aprobar la reforma parcial del Decreto 2165 que reserva al
Estado las actividades de exploración y explotación de oro y, también
las auxiliares a estas normas que rescata la competencia de la AN para
la revisión y aprobación de contratos de interés público; elaborar una
política minera que incluya la creación de un ministerio específico para
esa área; reformar la ley de minas; circunscribir, formalizar y ordenar
la actividad minera en la reserva forestal Imataca.
El
ex senador y autor de las normas ambientales de la actual Constitución,
Alexander Luzardo, denunció que el Arco Minero ocupa una superficie de
111.843,70 kilómetros, más que el que ocupan países como Bulgaria, Cuba,
Islandia, Portugal y Panamá. La explotación de oro compromete la mayor
extensión de áreas protegidas de Venezuela y zonas boscosas de la
Amazonía. También la actividad en los yacimientos afectará los ríos
Paragua y Carona, lo que comprometería el funcionamiento del Guri y
además afectaría las únicas reservas de agua del país que no están
contaminadas.
Luzardo asegura que la
explotación es inviable también desde el punto de vista monetario porque
el oro en el país no representa un aporte económico sustentable.
“Venezuela no aparece entre los 20 productores de oro”, afirmó.
Recordó
que desde el 14 de junio hay un acuerdo contra el Arco Minero de
carácter vinculante, dado que los contratos de interés nacional deben
ser autorizados por la AN, pero el Ejecutivo lo ha ignorado. Luzardo
tilda la explotación de violación de los “derechos transgeneracionales” y
alerta que los contratos de estas empresas son “írritos”.
Fuente:
http://www.el-nacional.com/sociedad/Proponen-rescatar-estragos-Arco-Minero_0_924507813.html
